Guerrero, la violencia imparable
Por Omar Sánchez
El estado de Guerrero ha sido testigo de una escalada alarmante de violencia en los últimos años, reflejando una red de factores que van desde disputas entre grupos criminales, hasta la corrupción infiltrada en las instituciones gubernamentales locales. Esta situación no solo ha llevado a un aumento en los índices de criminalidad, sino también ha generado un clima de inestabilidad e inseguridad que afecta a la población civil y a la gobernabilidad del estado. En el centro de esta crisis se encuentra la lucha por el control de actividades ilícitas como el narcotráfico y la extorsión. Guerrero, con su historia como centro de cultivos de marihuana, amapola y, más recientemente, coca, ha sido un terreno fértil para grupos criminales que buscan asegurar su dominio sobre estas lucrativas empresas ilegales. Además, su ubicación estratégica como punto de tránsito para drogas hacia los Estados Unidos ha hecho crecer la violencia entre estos grupos por el control del territorio y las rutas de contrabando.
Las recientes oleadas de violencia, como los ataques dirigidos a conductores de transporte público en ciudades como Chilpancingo y Acapulco, son solo manifestaciones visibles de un problema más profundo. Detrás de estos actos se encuentran grupos criminales como la Familia Michoacana, los Tlacos y los Ardillos, que buscan expandir su influencia y consolidar su poder a través del terror y la coerción. La extorsión se ha convertido en una herramienta clave para estos grupos, quienes imponen su voluntad a través de amenazas de violencia contra aquellos que se niegan a cumplir con sus demandas. La fragmentación del crimen organizado en Guerrero ha contribuido aún más a la gravedad de la situación. Con la desaparición de grupos como la Organización Beltrán Leyva y la división de los Zetas en facciones más pequeñas, se ha creado un escenario en el que múltiples células criminales compiten entre sí por el control de territorios específicos y fuentes de ingresos ilícitos. Esta fragmentación no solo ha aumentado la incidencia de conflictos violentos, sino que también ha dificultado los esfuerzos de las autoridades para contener la situación.
La corrupción enclavada en las instituciones gubernamentales de Guerrero agrava aún más la crisis. La colusión entre funcionarios públicos y grupos criminales ha debilitado la capacidad del Estado para combatir la delincuencia organizada y ha permitido que estos grupos operen con impunidad. La reciente revelación de la presunta implicación de un miembro de la Secretaría de Seguridad Pública del estado en el asesinato de un estudiante de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, es solo un ejemplo de la penetración del crimen en las estructuras estatales. Además, la falta de transparencia y rendición de cuentas por parte de las autoridades gubernamentales ha generado desconfianza y resentimiento entre la población civil. La percepción de que el Estado no puede o no quiere garantizar la seguridad de sus ciudadanos ha alimentado la percepción de violencia y descontento social en el estado.
La reciente protesta de estudiantes de Ayotzinapa contra la Fiscalía General del Estado de Guerrero es un grave indicio de la profunda desconfianza en las instituciones encargadas de administrar justicia. El caso de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014 sigue sin resolverse, lo que ha generado un sentimiento de indignación y frustración entre la población, especialmente entre los jóvenes, quienes han sido testigos directos de la creciente violencia e impunidad que prevalecen en el estado. Buscar la solución a estos problemas requerirá un enfoque imultidisciplinario que incluya medidas para fortalecer el Estado de derecho, combatir la corrupción y promover el desarrollo económico y social en la región. Solo mediante un esfuerzo conjunto entre el gobierno, la sociedad civil y la comunidad local se podrá construir un futuro más próspero para los habitantes de Guerrero. Es crucial que se implementen políticas efectivas de seguridad y justicia que identifiquen las causas de la violencia y que se promueva la rendición de cuentas para garantizar que los responsables de crímenes sean llevados ante la justicia.
Asimismo, es necesario fortalecer las instituciones estatales y locales para que puedan resistir la influencia de los grupos criminales. Además, se deben atender las causas estructurales de la violencia, como la pobreza, la falta de oportunidades económicas y la exclusión social, mediante políticas sociales que fomenten el desarrollo humano y la inclusión. La resolución de la crisis en Guerrero requiere un compromiso a largo plazo por parte de todos los actores involucrados, tanto a nivel federal como local. La presencia del crimen organizado en Guerrero es una fuerza que ha moldeado la realidad socioeconómica y política del estado de manera significativa. Este fenómeno no solo se limita a la comisión de delitos como el narcotráfico y la extorsión, sino que también ha infiltrado las estructuras gubernamentales y las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y la justicia. Los grupos criminales en Guerrero no operan en el vacío. Más bien, se han arraigado en la sociedad local, aprovechando las condiciones socioeconómicas desfavorables y la debilidad institucional para consolidar su poder. La falta de oportunidades económicas y la marginalización de ciertas comunidades han creado un caldo de cultivo propicio para la infiltración del crimen organizado, que ofrece alternativas precarias pero atractivas para la subsistencia de la población más vulnerable.
Además de su impacto directo en la seguridad ciudadana, la presencia del crimen organizado también ha puesto en entredicho la legitimidad del gobierno y sus instituciones. La corrupción y la colusión entre funcionarios públicos y grupos criminales han debilitado la capacidad del Estado para hacer cumplir la ley y administrar justicia de manera imparcial. La falta de rendición de cuentas y la impunidad han minado la confianza de la ciudadanía en las autoridades, incrementando la violencia y desconfianza que alimenta la inestabilidad en la región. Un aspecto particularmente preocupante es la influencia del crimen organizado en el proceso político y electoral en Guerrero. Los grupos criminales han utilizado su poder económico y coercitivo para influir en los resultados electorales, coaccionar a candidatos y funcionarios públicos, y afianzarse en un sistema político corrupto y clientelar.
Después de los disturbios en contra de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, encabezados por supuestos estudiantes normalistas, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda dio a conocer que el Secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, y el de Seguridad Pública, el General Brigadier Rolando Solano Rivera, presentaron su renuncia al cargo. Esto se debió al asesinato del normalista de Ayotzinapa, Yaqui KothanGómez Peralta, y los recientes hechos de violencia que se han registrado en la entidad. Asimismo, dijo que solicitará al Congreso local la remoción de la Fiscal General del estado, la Teniente Coronel Sandra Luz Valdovinos Salmerón. Sin embargo la percepción de inseguridad en el Estado, sigue aumentando y no se vislumbra una solución a corto plazo.