Ayotzinapa, la herida que no cierra
Por Omar Sánchez
El caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural «Raúl Isidro Burgos» de Ayotzinapa, continúa conmocionando a México y al mundo, convirtiéndose en un símbolo de la violación a los derechos humanos y la impunidad en nuestro país. A lo largo de los años, el manejo gubernamental de este caso ha generado fuertes tensiones entre las autoridades y los familiares de las víctimas, así como con la sociedad civil y organismos internacionales de derechos humanos. El pasado miércoles 6 de marzo, la situación alcanzó un nuevo nivel, cuando un grupo de normalistas de Ayotzinapa intentó ingresar por la fuerza al Palacio Nacional, rompiendo una de las puertas de madera en la calle de Moneda, en la Ciudad de México durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Este acto de protesta es una clara evidencia de la desesperación y la falta de respuestas concretas por parte de los gobernantes mexicanos del PRI y PAN, quienes ocultaron evidencias y encubrieron a los agresores.
El presidente López Obrador ha calificado estos actos como una «provocación» y ha rechazado la posibilidad de responder con violencia, haciendo hincapié en la necesidad de resolver el caso de manera pacífica. Sin embargo, las acciones del gobierno han sido cuestionadas por su falta de avances significativos en la investigación y su aparente falta de voluntad política para esclarecer la verdad sobre lo sucedido. Según las acusaciones de sus opositores encabezados por Emilio Alvarez de Icaza. Desde el inicio de su mandato, López Obrador prometió justicia para los estudiantes desaparecidos, pero a medida que su gobierno avanza, las expectativas de las familias de las víctimas se han visto frustradas por la falta de resultados reales. La creación de una Comisión de la Verdad en 2022, que concluyó que el caso fue un «crimen de Estado» en el que participó el ejército, no ha llevado a la rendición de cuentas ni a la detención de los autores tanto materiales, como intelectuales de este terrible crimen.
Además, las tensiones han aumentado con las acusaciones del presidente hacia organismos internacionales de derechos humanos y grupos de la oposición, a quienes ha culpado de manipular a los familiares de las víctimas. Estas declaraciones generan preocupación sobre la disposición del gobierno para cooperar con instancias internacionales y resolver de manera efectiva desaparición de los estudiantes guerrerenses. La reciente muerte de dos estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en un enfrentamiento con la policía estatal de Guerrero muestra la necesidad de encontrar una solución pacífica y justa al conflicto. Estos fatídicos eventos ponen de manifiesto la grave situación de violencia y vulneración de derechos humanos que persiste en algunas regiones de México, especialmente en el estado de Guerrero, y la necesidad de tomar medidas inmediatas para garantizar la seguridad y la justicia para todas las víctimas y sus familias de las y los desaparecidos de nuestro país.
En este contexto, es fundamental que el gobierno mexicano asuma su responsabilidad en la búsqueda de verdad y justicia para los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Esto incluye la colaboración plena con organismos internacionales de derechos humanos, la apertura de toda la documentación relacionada con el caso, pero sobre todo es una invitación para que los opositores políticos de López Obrador, dejen de lucrar con la tragedia de los normalistas. Asimismo, es necesario que se implementen medidas efectivas para prevenir futuras desapariciones forzadas y garantizar la protección de los derechos humanos de todas las personas en México. Esto requiere reformas estructurales en el sistema de justicia y seguridad del país, así como un compromiso real por parte del gobierno para acabar con la impunidad y la corrupción que son un caldo de cultivo para la violencia y la injusticia en el país.
La noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, 43 estudiantes que se preparaban para ser maestros fueron desaparecidos sin dejar rastro alguno, en lo que se conoce como uno de los episodios de violación a los derechos humanos más trágicos en la historia reciente de México. Los hechos sucedieron cuando un grupo de alumnos de la Escuela Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’ de Ayotzinapa, de entre 17 y 25 años, acudió a la ciudad de Iguala, con la finalidad de «tomar» autobuses que requerían para participar en la conmemoración del 2 de octubre de 1968. Aunque la retención y el uso temporal de las unidades había sido habitual en Guerrero y contaba incluso con el aval tácito de empresas y autoridades, el 26 de septiembre de 2014 la respuesta de las autoridades no fue la ordinaria. Según el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, policías municipales de Iguala abrieron fuego contra los estudiantes para impedir que salieran de la ciudad con los autobuses. De esta manera, auxiliados por otras corporaciones y por civiles, los policías lograron cerrar el paso a cinco unidades, tres que transitaban por una calle céntrica y dos que lo hacían por una periférica. «En esos dos escenarios fueron detenidos los 43 estudiantes que habrían de ser desaparecidos. Más tarde esa misma noche, continuaron las agresiones contra los estudiantes y contra la población en general, ya no solo por parte de agentes estatales sino también por civiles que, como después se demostró, eran parte de la estructura de una organización criminal fuertemente imbricada con las instancias estatales presentes en esa zona de Guerrero, denominada Guerreros Unidos», relata el Centro de Derechos Humanos. «¡No tenemos armas, no tenemos armas! ¡Ayúdennos! ¡Somos estudiantes!», fueron los gritos acompañados de imágenes que se obtuvieron de los celulares de los videos que grabaron los estudiantes que presenciaron los trágicos sucesos, tanto del 26 como del 27 de septiembre de 2014.
El saldo de aquella noche fue de 43 jóvenes que desaparecidos; y seis personas ejecutadas, entre ellas tres normalistas, incluyendo el caso de un joven cuyo cuerpo apareció al día siguiente en un paraje inhabitado con claras muestras de tortura, adicional a esta barbarie al menos 40 personas fueron lesionadas. A pesar del proceso de búsqueda que iniciaron las y los familiares de los desaparecidos, la obstrucción de la investigación por parte de las autoridades del sexenio de Enrique Peña Nieto ha impedido que la verdad de los hechos ocurridos a los normalistas sea conocido por las familias y por toda la sociedad; por ende, tampoco se ha investigado, procesado y sancionado a todos los responsables de dichos sucesos. La versión de la anterior administración, conocida como ‘La Verdad Histórica’ en boca del exprocurador Jesús Murillo Karam, decía que esas personas llevaron a los jóvenes al basurero de la localidad de Cocula, los quemaron y echaron sus restos a un río. Sin embargo, expertos internacionales descartaron esta teoría porque no había evidencias que la sustentaran. Además, aunque quedó constatado que un trozo de hueso hallado en una bolsa era de un estudiante, no se ha podido probar cómo llegó ese resto al lugar del hallazgo. La lucha por la justicia y la verdad en el caso de Ayotzinapa ha sido ardua y llena de obstáculos. Los familiares de las víctimas han enfrentado la indiferencia y la resistencia de las autoridades, así como la intimidación y la violencia por parte de actores estatales y no estatales. A pesar de ello, su perseverancia y valentía llamado la atención del mundo sobre la grave situación de derechos humanos en el estado de Guerrero. Es urgente que la sociedad mexicana y la comunidad internacional continúen apoyando a los familiares de las víctimas en su búsqueda de justicia y verdad. Exigiendo al gobierno mexicano que cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y que garantice la integridad física de todas las personas que decidan ejercer su derecho a la manifestación.