Represión estudiantil en México
Por Omar Sánchez
El año 1968 marcó un período de efervescencia social y política en todo el mundo, y México no fue la excepción. En un contexto de agitación global, los estudiantes mexicanos se levantaron en protesta contra un régimen autoritario que limitaba las libertades civiles y exacerbaba la desigualdad social. La respuesta del gobierno a estas demandas legítimas fue la Masacre de Tlatelolco, un evento que dejó una cicatriz indeleble en la historia de México. Para entender plenamente la Masacre de Tlatelolco, es esencial considerar el contexto histórico. Nuestro país estaba gobernado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que mantenía un control férreo sobre el país desde hacía décadas. Aunque se autodenominaba una democracia, la realidad era muy diferente. El presidente Gustavo Díaz Ordaz lideraba con mano de hierro, silenciando a la oposición y limitando las libertades políticas de todos los ciudadanos.
Las tensiones comenzaron cuando un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) protestaron por la falta de libertades académicas y la creciente desigualdad. La violencia estalló en julio de 1968 en una manifestación en el Zócalo de la Ciudad de México, lo que llevó al gobierno a declarar el estado de sitio. A medida que las protestas se intensificaron, se convocó a un mitin masivo en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968. A la cita acudieron miles de estudiantes y simpatizantes, que se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas, en un ambiente de protesta pacífica. Sin embargo, lo que siguió fue una pesadilla. El gobierno infiltró soldados vestidos de civil entre los manifestantes. Estos militares llevaban un pañuelo o guante blanco en una de sus manos, de esa forma se identificaban para no masacrarse entre ellos. Mientras un helicóptero sobrevolaba la plaza, una bengala iluminó el cielo, y entonces, las fuerzas armadas abrieron fuego contra la multitud. Los disparos continuaron durante horas, resultando en la muerte de miles de personas.
El presidente Gustavo Díaz Ordaz justificó la masacre, alegando que era necesario restaurar el orden y la estabilidad en el país. Sin embargo, la comunidad internacional condenó la brutalidad del gobierno mexicano, y la tragedia se convirtió en un símbolo de la represión gubernamental y la lucha por la libertad en todo el mundo. Esta injusticia estuvo a cargo del “Batallón Olimpia”, un grupo paramilitar que realizaba labores de espionaje, persecución y contrainsurgencia en México y que operaba para evitar que “la amenaza comunista” se diseminara en nuestro país. Y así, mientras las tanquetas lavaban la sangre de la plaza con chorros de agua a presión, los periódicos minimizaban la barbarie en sus portadas al día siguiente.
Tras la Masacre de Tlatelolco, la represión gubernamental en México no se detuvo. El Jueves de Corpus de 1971 es otro evento trágico que ilustra la disposición del gobierno a recurrir a la violencia para mantener su control sobre la sociedad mexicana. En 1971, el presidente Luis Echeverría Álvarez estaba en el poder, y enfrentaba una creciente oposición política y social. Grupos de izquierda y movimientos estudiantiles continuaron protestando por las mismas demandas de libertad y justicia que habían surgido en 1968. La presión sobre el gobierno era evidente, y la respuesta del régimen fue nuevamente violenta.
El 10 de junio de 1971, manifestantes de izquierda se congregaron en la Ciudad de México para protestar contra el gobierno de Echeverría, y exigir cambios políticos y sociales. La manifestación estaba compuesta, en su mayoría, por jóvenes y trabajadores que buscaban una transformación democrática de México. Sin embargo, la respuesta del gobierno fue una vez más la violencia despiadada. Las fuerzas de seguridad y grupos paramilitares atacaron a los manifestantes en lo que se conoció como el «Halconazo», en referencia a los Halcones, un grupo paramilitar entrenado por el gobierno. La brutalidad del ataque resultó en la muerte de decenas de personas, y las calles de la Ciudad de México se tiñeron de sangre. Esta nueva masacre estuvo a cargo de hombres jóvenes que fueron reclutados en los barrios más marginados de la Ciudad de México. Muchos también fueron “sacados” de las entrañas de Ciudad Nezahualcóyotl. Todos ellos recibieron capacitación en artes marciales y manejo de armas. Los halcones de Echeverría asesinaron sin piedad a decenas de manifestantes.
México vivió otro episodio oscuro en 2014, cuando 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa desaparecieron en Iguala, Guerrero. Este caso es un recordatorio doloroso de que las luchas por la justicia y la rendición de cuentas continúan en el país. Los estudiantes de Ayotzinapa pertenecían a una larga tradición de activismo estudiantil y social en México. Su desaparición se produjo en un contexto de protestas contra la falta de oportunidades educativas y la corrupción generalizada en el país. Estos jóvenes se unieron a la lucha por la justicia social y pagaron un precio extraordinario por ello.
El 26 de septiembre de 2014, un grupo de estudiantes de Ayotzinapa viajó a Iguala para participar en una manifestación. Durante la protesta, fueron atacados por la policía municipal, que abrió fuego contra ellos. Tres estudiantes murieron en el lugar, y los demás fueron secuestrados por las fuerzas de seguridad locales. Lo que siguió fue una búsqueda angustiosa de los estudiantes desaparecidos. A medida que se desarrollaban las investigaciones, se revelaron vínculos entre la policía municipal, el crimen organizado y el gobierno local, arrojando luz sobre la profundidad de la corrupción y la complicidad en México. A pesar de las promesas de justicia por parte del gobierno mexicano y la presión internacional, los estudiantes no han sido encontrados, y la verdad completa detrás de su desaparición sigue siendo un misterio. Nombres van y vienen, y hasta la fecha solo Jose Luis Abarca, ex presidente municipal de Iguala, y su esposa Maria de los Angeles Pineda, al igual que el ex procurador de la república, Jesús Murillo Karam, permanecen detenidos por la masacre. Sin embargo, los estudiantes o sus restos, continúan sin ser localizados.
Uno de los temas que unen estos tres eventos, es la impunidad. En todos los casos, los responsables de la violencia y la represión, rara vez enfrentaron consecuencias significativas por sus acciones. La falta de justicia y rendición de cuentas, ha dejado cicatrices profundas en la sociedad mexicana y ha mermado la confianza en las instituciones gubernamentales y de justicia. En el caso de la Masacre de Tlatelolco, las investigaciones posteriores no lograron llevar a juicio a los responsables, y la versión oficial del gobierno prevaleció durante décadas. En el Jueves de Corpus, aquellos que ordenaron y llevaron a cabo la violencia tampoco enfrentaron consecuencias legales significativas. Y en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, las investigaciones se vieron obstaculizadas por la corrupción y la falta de cooperación de las autoridades locales y estatales.
Esta impunidad prolongada ha tenido un impacto devastador en México. Ha creado un clima de temor en el que los defensores de los derechos humanos y los activistas se enfrentan a riesgos significativos por alzar la voz. Además, ha mantenido el ciclo de abusos gubernamentales y represión, destrozando la confianza en el sistema de justicia y en las instituciones democráticas.
La Masacre Estudiantil de 1968, el Jueves de Corpus de 1971 y la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, son episodios sombríos en la historia de México, que reflejan la lucha constante por la justicia y la rendición de cuentas. Estos eventos subrayan la necesidad urgente de reformas en el sistema de justicia mexicano, y de un compromiso renovado con los derechos humanos y las libertades civiles. Para avanzar hacia un México más justo y democrático, es esencial abordar la impunidad y garantizar que aquellos que perpetúan la violencia y la represión rindan cuentas por sus acciones. Además, se deben fortalecer las instituciones democráticas y el estado de derecho, para garantizar que los ciudadanos puedan ejercer sus libertades de manera segura y sin temor a represalias. La memoria de aquellos que perdieron la vida en la Masacre de Tlatelolco y el Jueves de Corpus, así como la búsqueda continua de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, nos recuerda la importancia de defender los valores de justicia y libertad en México. La sociedad mexicana merece un futuro en el que la represión y la impunidad sean cosa del pasado, y el camino hacia esa meta comienza con un compromiso firme con la verdad, la justicia y la rendición de cuentas.