Las veinte reformas de López Obrador y la consolidación de la 4T.
Por Omar Sánchez.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha generado un álgido debate nacional, al presentar un ambicioso paquete de 20 iniciativas de reforma. Estas propuestas tienen como objetivo revertir los cambios realizados durante los gobiernos neoliberales y revitalizar los principios humanistas. En un discurso en el Recinto Parlamentario dentro de Palacio Nacional, López Obrador delineó cada una de las reformas que busca implementar antes de que concluya su mandato el 1 de octubre próximo. Las palabras del presidente significaron un llamado a la acción, enfocándose en la necesidad de modificar aspectos introducidos durante el periodo neoliberal. Según él, estas medidas beneficiaron a una minoría a expensas del bienestar del pueblo. En su discurso, recalcó la importancia de fortalecer principios como la justicia, la honestidad, la austeridad y la democracia, elementos fundamentales de su movimiento de transformación nacional.
Las propuestas de reforma abarcan una amplia variedad de temas: desde cambios en el sistema de pensiones hasta reformas en la administración pública, seguridad pública, ámbito energético y el Poder Judicial. El presidente busca devolver la grandeza a la Constitución de 1917, que este año celebra su aniversario número 107, buscando proteger los logros alcanzados hasta ahora. Entre las iniciativas, se incluyen cambios al sistema de pensiones, con el fin de garantizar una mayor seguridad financiera para los trabajadores en su etapa de retiro. Asimismo, se plantean reformas en la administración pública para mejorar la eficiencia y combatir la corrupción. En el ámbito energético, se propone fortalecer la soberanía nacional y promover el uso de fuentes de energía renovable.
El presidente también enfatizó la necesidad de fortalecer el Poder Judicial para garantizar un sistema de justicia transparente y eficaz. Entre las propuestas se encuentra la desaparición de los órganos reguladores con autonomía constitucional, lo que ha generado críticas por parte de algunos sectores de la sociedad. Sin embargo, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ha expresado su preocupación, argumentando que el actual proceso electoral en el país no es el momento adecuado para discutir reformas constitucionales profundas. El CCE menciona la necesidad de un amplio consenso y un análisis imparcial para abordar las propuestas de manera adecuada. Por otro lado, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) ha señalado las implicaciones sociales, económicas e institucionales de las reformas propuestas, destacando la necesidad de cambios legales profundos y una reforma fiscal para financiarlas.
Ignacio Martínez, del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN) de la UNAM, consideró que las reformas podrían impulsar el crecimiento económico en un 2.1%, pero también señaló la necesidad de una reforma fiscal no tributaria para financiarlas. El debate sobre las reformas propuestas está en marcha, con voces a favor y en contra. Los opositores las ven como medidas «electoreras», mientras que los aliados del presidente las consideran necesarias para continuar con el proyecto de la Cuarta Transformación de México. A medida que se acercan las elecciones y se intensifican las campañas, el panorama para la aprobación de las reformas se complica. Los legisladores ya han tomado posturas radicales, y el tiempo apremia con apenas ocho meses para que concluya el sexenio de López Obrador. La propuesta del presidente podría quedar opacada por las campañas electorales, lo que dificultaría su aprobación en el corto plazo. Sin embargo, López Obrador insiste en la importancia de estas reformas para asegurar el futuro de México y proteger los intereses del pueblo.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), por su parte, considera que las propuestas relacionadas con la integración y facultades del Poder Judicial, la organización electoral, la integración del Poder Legislativo y la desaparición de los órganos reguladores con autonomía constitucional, representan modificaciones profundas que podrían afectar el régimen político construido, basado en contrapesos y equilibrios democráticos. Por otro lado, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) ha planteado las implicaciones sociales, económicas e institucionales para el país en ocho de las 20 reformas propuestas por el presidente López Obrador. Estas incluyen la reforma de pensiones, la del salario mínimo, la de educación y empleo, la que desaparece a los órganos autónomos, la del poder judicial, la político-electoral, y las referentes al agua y la energía eléctrica.
En medio de este debate, la sociedad mexicana observa con atención el futuro de estas propuestas y su impacto potencial en la vida cotidiana. Con un escenario político y económico en constante cambio, la discusión sobre estas reformas promete seguir siendo un tema central en la agenda nacional durante los próximos meses. Algunas voces apuntan a que el PRI podría representar el fiel de la balanza para aprobar estas iniciativas, buscando negociar algunos espacios políticos en puestos de importancia para la toma de decisiones en el las cámaras de diputados y senadores respectivamente. Aunque el líder tricolor Alejandro Moreno ha manifestado que dichas propuestas presidenciales “no pasarán”, es un secreto a voces que las negociaciones por debajo de la mesa son la especialidad de “Alito”.
En un paso significativo hacia la posible transformación del marco legal del país, la Cámara de Diputados recibió y remitió a las comisiones designadas, las 20 iniciativas de reforma presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero de 2024. Entre las propuestas, destacan 17 iniciativas de modificación a la Constitución Política, las cuales fueron enviadas a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis y dictamen. Particularmente, la reforma electoral, una de las más esperadas y debatidas, ha sido enviada a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Reforma Política Electoral y Gobernación.
Este movimiento refleja el reconocimiento de lo importante y lo complejo que plantea la propuesta, la cual podría tener un impacto significativo la vida pública de nuestro país. Se espera que las comisiones correspondientes realicen un estudio exhaustivo y transparente, involucrando a diversos actores políticos y sociales para garantizar un proceso democrático y representativo. El cabildeo ha comenzado y la moneda está en el aire