LA MEGACARCEL EN EL SALVADOR Y LA GUERRA CONTRA LA MARA SALVATRUCHA
Por Omar Sánchez
Una de las noticias mas impactantes en las últimas semanas, fue el anuncio que realizó el presidente de El salvador, Nayib Bukele, quién, con gran jubilo, comunicó a todos los salvadoreños que estaba a punto de inaugurar una “megacarcel” con tecnología de punta, la cual la convertiría en la más grande y segura de América Latina. En dicha cárcel, se pretende recluir a 40,000 internos, entre los cuales se encuentran los principales lideres de la temida pandilla “Mara Salvatrucha”. Se estima que esta pandilla cuenta con alrededor de 300,000 integrantes o “soldados” (como se autonombran estos delincuentes), teniendo presencia en Estados Unidos, México, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador (en este último país, se calcula que hay 70, 000 pandilleros activos).
Para entender los orígenes de la “Mara Salvatrucha”, hay que remontarse a la guerra civil que se vivió en El Salvador, la cual comenzó el 10 de enero de 1981, cuando el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) inició las hostilidades armadas contra el gobierno salvadoreño. Este conflicto armado cobró miles de vidas humanas, y se prolongó hasta el 16 de enero de 1992, cuando se firmaron los llamados Acuerdos de Chapultepec, en la Ciudad de México.
Cuando estalló la guerra civil en el Salvador, muchas familias partieron hacia los Estados Unidos, huyendo de la violencia armada y buscando mejorar sus niveles de vida. La gran mayoría se asentaron en California, y ahí los adolescentes salvadoreños comenzaron a formar pandillas similares a las mexicanas. Fue así como se creó la pandilla Mara Salvatrucha: “Mara” es el término con el que se nombran las pandillas en Centroamérica. “Salva” es una abreviación de El Salvador; y “trucha” es una palabra que significa “inteligente” o “listo”.
Los integrantes de esta pandilla comenzaron a delinquir, y sus principales líderes se aliaron con “La Eme” ó “Mexican Mafia”, la pandilla mexicana más poderosa de los Estados Unidos. Como respuesta a esta peligrosa alianza, el gobierno de Estados Unidos comenzó con detenciones de “mareros”, los cuales fueron deportados de regreso hacia El Salvador, encontrándose con un país devastado por la guerra civil, miseria y falta de empleo. Esto fue el caldo de cultivo perfecto para que la Mara Salvatrucha reclutara miles de jóvenes, los cuales comenzaron una imparable carrera delictiva. Su poder creció durante los años 90’s, cuando establecieron alianzas con carteles mexicanos y comenzaron a doblegar al gobierno salvadoreño, el cual se vio obligado a pactar con la sanguinaria pandilla, para tratar de parar la ola de violencia desatada por sus miembros.
En el año 2012 el gobierno salvadoreño y las 2 principales facciones de la Mara Salvatrucha, la MS13 y la Barrio 18, firmaron un pacto denominado “La tregua”, con la finalidad de reducir los niveles de violencia. Sin embargo en el año 2015 el pacto fue roto y la violencia se recrudeció nuevamente. Esta situación orilló a las autoridades judiciales salvadoreñas a darles el estatus de “terroristas” a los principales líderes mareros, quienes fueron detenidos y enjuiciados bajo ese cargo, situación que enfureció a los demás pandilleros de la Mara Salvatrucha y desató una nueva ola de violencia.
Fue hasta 2019 que, con la llegada del actual presidente de El Salvador, Nayib Bukele, comenzó a darse una lucha más frontal y decidida en contra de la pandillas salvadoreñas, en específico contra la Mara Salvatrucha, Sin embargo, fue hasta marzo de 2022 que, con el apoyo de legisladores oficialistas, el presidente Bukele declaró estado de excepción en todo el territorio salvadoreño, suspendiendo el libre tránsito, expresión y asociación de las personas. De igual manera, sus comunicaciones pueden ser intervenidas sin una orden judicial previa. Además, pueden suspenderles el derecho a la defensa legal, e incluso, pueden ser detenidas sin una orden de arresto.
A pesar de que la tasa de homicidios bajó con la implementación de esta medida, ha sido ampliada durante 2 periodos más, situación que ha logrado aumentar la popularidad del presidente Bukele. Pero esta medida también tiene una contraparte muy oscura, ya que diversa organizaciones internacionales han documentado graves violaciones a los derechos humanos de los salvadoreños. Recientemente, Human Rights Watch publicó un informe en el que documenta que los adolescentes que viven en las zonas más marginadas de El Salvador, son acusados a través de líneas anónimas de teléfono o internet, y posteriormente son detenidos de forma arbitraria. Cuando ya se encuentran en los centros penitenciarios, son incomunicados y torturados, además de negarles un proceso judicial justo, pues los casos de hasta 500 personas al mismo tiempo, son asignados a un solo defensor público. Desde que se decretó el régimen el estado de excepción, la presunción de inocencia no existe en El Salvador, pues los oficiales de policía y el ejército pueden detener a cualquier persona, solo por su aspecto o por considerarlo sospechoso de pertenecer a alguna pandilla.
En el Centro de confinamiento del Terrorismo, mejor conocido como “La Megacarcel”, los presos no tendrán ningún contacto con el exterior, y sólo saldrán de sus celdas para estar presentes en sus audiencias judiciales, las cuales se harán por vídeo conferencia desde una sala del mismo centro penitenciario. Este centro de reclusión ocupa un terreno de 43 hectáreas, tiene una barda de concreto de más de 2 kilómetros de largo y 11 metros de altura, con cables electrificados en la parte superior. Las celdas miden 100 metros cuadrados cada una, y pretenden albergar cien presos, como mínimo, en cada una, los cuales dormirán en pequeños espacios de lámina de hierro y sin colchonetas. En la misma celda se encuentran los inodoros y el área destinada para bañarse,. De esta forma, no saldrán de sus celdas en ningún momento, ya que esta cárcel no cuenta con biblioteca, patio o espacios destinados a visitas conyugales. La única manera de abandonar esta celda, es cuando sean llevados a las llamadas salas de castigo, donde permanecerán totalmente aislados de los otros presos y completamente a oscuras.
Aunque aún no han trasladado reos a este centro penitenciario, muchas organizaciones internacionales ya han mostrado su preocupación, pues consideran que el gobierno de Bukele no cuenta con un plan de reinserción social para quienes han sido detenidos y condenados a perder su libertad. Además, han documentado cientos de violaciones a los derechos humanos de los salvadoreños, pues hasta la fecha, más de 62,000 personas han sido detenidas por ser consideradas “sospechosas”, negándoles el derecho a un juicio justo. Incluso, muchas de ellas han muerto en prisión sin haber tenido la oportunidad de demostrar su inocencia.