LA INJERENCIA DE ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ, EN TORNO A LA REFORMA DEL PODER JUDICIAL EN MÉXICO.
Por Omar Sánchez
Después de las recientes declaraciones del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, en las que expresó su desacuerdo con la reforma propuesta al Poder Judicial por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el mandatario mexicano decidió tomar una medida drástica como respuesta. López Obrador anunció una «pausa» en la relación con los embajadores de Estados Unidos y Canadá, explicando que esta pausa implica un tiempo de reflexión y reajuste en las relaciones bilaterales con estos países. Esta decisión refleja la incompatibilidad de opiniones entre el gobierno mexicano y los representantes diplomáticos extranjeros respecto a la reforma judicial que ha generado una considerable controversia.
El presidente López Obrador abordó el tema desde su tradicional conferencia mañanera en Palacio Nacional, donde explicó que la pausa en la relación con el embajador estadounidense se debe a las opiniones vertidas por Salazar sobre la reforma al Poder Judicial en México. El embajador Salazar ha cuestionado la propuesta de AMLO, que incluye la elección popular de jueces y magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sugiriendo que esta reforma podría poner en peligro la estabilidad y el funcionamiento adecuado del sistema judicial en México. López Obrador calificó estas declaraciones como imprudentes e inadecuadas, señalando que los asuntos internos del país deben ser tratados y decididos por los propios mexicanos sin la intervención de políticos externos.
Desde la perspectiva de López Obrador, la reforma al Poder Judicial es una medida necesaria para asegurar que el sistema judicial responda de manera más eficiente a las necesidades y demandas del pueblo mexicano. AMLO defendió la propuesta de que los jueces sean elegidos por voto popular, argumentando que esta forma de selección permitiría una mayor rendición de cuentas y un mejor entendimiento del Poder Judicial con los intereses de la ciudadanía. Debido a lo anterior, las opiniones de los embajadores de Estados Unidos y Canadá sobre la reforma fueron vistas por el presidente mexicano como una intromisión en los asuntos internos de México, algo que considera inaceptable mientras él esté en el cargo.
La preocupación expresada por el embajador de Canadá, Graeme C. Clark, en el foro de negocios México-Canadá “CanCham Day 2024”, también contribuyó a la decisión de AMLO. Clark señaló que la reforma podría generar inquietud entre los inversionistas canadienses debido a posibles ajustes en la selección judicial y a los impactos legales que podrían surgir en las operaciones comerciales y en la seguridad jurídica. Esta preocupación se da en un contexto en el que las relaciones económicas entre México y Canadá son muy importantes para ambos países, y cualquier cambio en el marco legal puede tener consecuencias significativas para las inversiones y el comercio bilateral.
En respuesta a estas preocupaciones y a la postura de los embajadores, López Obrador hizo énfasis en que la relación con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá no se verá afectada, sino que la pausa se limita a las interacciones con las embajadas y sus representantes diplomáticos. En su opinión, es fundamental que los embajadores respeten la soberanía y los derechos del pueblo mexicano para decidir sobre sus propios asuntos, sin imposiciones ni intervenciones externas.
Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México, ha mostrado un fuerte respaldo a la reforma propuesta por López Obrador. Durante una conferencia de prensa en San Luis Potosí, Sheinbaum alentó a los presentes a apoyar la reforma y a aprobarla en el Congreso. Ella argumentó que la selección popular de los jueces permitirá una mayor participación ciudadana y un control más directo sobre el Poder Judicial. Sheinbaum también destacó que, en su opinión, esta reforma fortalecerá la democracia en México al permitir que el pueblo tenga una voz más activa en la elección de los funcionarios encargados de impartir justicia.
La presidenta electa también anunció que en octubre de 2024 se lanzará la convocatoria para la primera elección de jueces, magistrados y ministros, que se llevará a cabo en 2025. Esto significa un paso importante en la implementación de la reforma, además Sheinbaum dejó claro que no habrá marcha atrás en esta iniciativa. A pesar de que se requiere un voto adicional en el Senado para aprobar la reforma, ella expresó confianza en que se logrará la aprobación y se implementarán los cambios propuestos en el sistema judicial. Mientras tanto, la tensión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aumentó debido a una manifestación que tuvo lugar el 29 de agosto de 2024, donde un grupo de aproximadamente mil trabajadores del poder judicial se reunió frente a la sede de la SCJN en la Ciudad de México, bloqueando los accesos principales al edificio y deteniendo las actividades de la Corte. Esta protesta se organizó en respuesta a la propuesta de reforma, con los trabajadores expresando su preocupación por las consecuencias que desde su punto de vista tendrá la reforma sobre sus empleos y en la autonomía del Poder Judicial.
La manifestación mostró un profundo malestar entre los empleados del poder judicial, quienes temen que la reforma propuesta debilite su capacidad para ejercer su función de manera independiente y justa. La presidenta ministra, Norma Piña y otros ministros lograron ingresar al edificio a pesar de los bloqueos, pero la protesta continuó con consignas de apoyo a los magistrados y demandas de que se respete la autonomía judicial. La parálisis de la SCJN debido a la protesta, subraya la importancia y la controversia en torno a la reforma y su impacto potencial en el funcionamiento del sistema judicial. Luego de que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, respaldó la reforma al Poder Judicial, el Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a sus legisladores a tener “mucho cuidado” con el proceso legislativo e incluso llevar notarios porque sus adversarios son capaces de ir a la suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para echarla abajo.
Aconsejó a sus legisladores “que se cuiden, no vaya a ser que los ministros las nulifiquen, tienen que cuidar todo”. El Presidente dijo que entre más se proteja el proceso legislativo, es mejor, por lo que les pidió a sus legisladores que convoquen a todos los notarios. “Paso uno, acta notarial, que cuiden porque, imagínese, parece broma, no son capaces de muchas cosas”. De esta forma la lucha política en torno a la reforma para el poder judicial sigue sucediendo tanto a nivel nacional, como internacional. El aún presidente Andrés Manuel López Obrador tiene mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, mientras los jueces y ministros, buscan el respaldo a nivel internacional.