La Creciente Crisis en Nicaragua, Represión, Nacionalidad Revocada y Persecución Religiosa
Por Omar Sánchez
Nicaragua, una nación centroamericana con una rica historia política y social, ha sido testigo de una creciente crisis política y de derechos humanos, bajo el liderazgo del presidente Daniel Ortega. Los reiterados cuestionamientos hacia el gobierno nicaragüense nos obligan a realizar un análisis detallado acerca de las acciones de Ortega, quien actualmente ocupa la presidencia por quinta ocasión, con devastadoras consecuencias para la sociedad nicaragüense, lo cual ha deteriorado severamente sus relaciones internacionales. Uno de los actos más recientes que ha sacudido a la comunidad internacional, es la confiscación de las propiedades de opositores nicaragüenses, a quienes el régimen de Ortega previamente había convertido en apátridas. Este acto se ha vuelto un símbolo de la represión y la injusticia que prevalecen en Nicaragua.
Gioconda Belli, escritora y poeta de nacionalidad chilena, es una de las víctimas más destacadas de esta medida. Belli, conocida por su compromiso con la resistencia nicaragüense contra el régimen de Somoza en décadas pasadas, ha denunciado públicamente la confiscación de su hogar. Sus palabras, cargadas de indignación y dolor, reflejan el profundo impacto emocional y simbólico de esta acción. Belli declaró en las redes sociales: «La poesía me abraza esta tarde en que se consuma el robo de mi casa por la dictadura. Pienso en Bécquer para parafrasearlo: Volverán las oscuras golondrinas de mi jardín sus nidos a colgar; pero aquellos que ensuciaron nuestra historia, esos no volverán. Así sea. Así será”. Este acto no solo afectó a Gioconda Belli, sino que también golpeó a su hijo, Camilo de Castro, y a otros críticos del Gobierno, incluyendo al escritor Gonzalo Carrión, la cineasta Leonor Zúniga, el defensor de derechos humanos Moisés Hassán y el excanciller Norman Caldera. La confiscación de propiedades no es solo una violación de los derechos de propiedad, sino también un ataque a la libertad de expresión y una represión directa de parte del oficialismo nicaragüense.
La revocación de la nacionalidad a opositores, es otra estrategia utilizada por el régimen de Ortega para silenciar a la oposición. El pasado 15 de febrero, las autoridades retiraron la nacionalidad a 94 nicaragüenses, lo que sumó un total de 317 personas afectadas por esta medida. Entre los afectados se encuentra el obispo Rolando Álvarez, quien fue condenado a más de 26 años de prisión por negarse a ser desterrado por el Gobierno de Ortega a territorio estadounidense. Este acto de revocación de la nacionalidad es una violación flagrante de los derechos humanos, y un intento de marginar y expulsar a la oposición política. La persecución a la disidencia en Nicaragua se ha recrudecido, según el Grupo de Expertos de la ONU sobre Nicaragua, en los últimos seis meses, lo que ha llevado a un llamado a imponer sanciones por parte del Consejo de Derechos Humanos.
Este Grupo de Expertos ha desempeñado un papel fundamental en la documentación de las violaciones de derechos humanos en el país centroamericano. En su segundo informe presentado al Consejo de Derechos Humanos, este grupo señaló que desde 2018 se ha estado cometiendo el crimen de lesa humanidad de persecución por motivos políticos en Nicaragua. Este informe responsabilizó directamente al presidente Daniel Ortega y a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, por poner al aparato estatal al servicio de sus fines y de la impunidad que los rodea. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó su preocupación por la situación en Nicaragua, destacó que continúa el deterioro de las garantías fundamentales en el país y que el gobierno sigue reprimiendo a quienes se le oponen o critican, violando el derecho a la libertad de opinión y expresión. Türk lamentó que la situación no haya mejorado desde hace un año, y denunció la persistencia de las detenciones arbitrarias y la falta de libertad de credo.
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha documentado que 71 personas permanecen detenidas arbitrariamente en Nicaragua luego de ser juzgadas y condenadas sin las debidas garantías procesales. Además, el gobierno nicaragüense sigue limitando el espacio cívico y coartando las libertades individuales y colectivas. La cancelación del estatus legal de más de 2,000 organizaciones de la sociedad civil desde agosto de 2022, es un ejemplo preocupante de esta tendencia. Desde 2018 hasta la fecha, se han clausurado un total de 3,394 organizaciones.
Una de las cuestiones más preocupantes de la crisis en Nicaragua es la persecución religiosa. La Iglesia Católica ha sido un blanco frecuente de sanciones penales y administrativas arbitrarias, acoso y detenciones de sacerdotes y feligreses. La libertad de religión y credo es una garantía fundamental que se ha visto gravemente transgredida en el país. Además de la persecución religiosa, se ha observado un aumento significativo de la violencia en los territorios indígenas y afrodescendientes de Nicaragua. Esto incluye asesinatos, ataques, quema de viviendas, robo de tierras y saqueo. Estos actos de violencia tienen un impacto devastador en estas comunidades, que han luchado por la protección de sus derechos y su cultura.
Otro aspecto alarmante de la crisis, es el aumento de los matrimonios infantiles y los embarazos adolescentes. La prohibición total del aborto en el país pone en peligro la salud sexual y reproductiva de las mujeres y niñas nicaragüenses. La falta de acceso a servicios de salud reproductiva y educación sexual adecuada, contribuye a esta problemática, que afecta a las jóvenes y las expone a riesgos graves para su salud y bienestar.
La libertad de prensa ha sido objeto de una constante erosión desde que Ortega retornó al poder en 2007. Desde el inicio de su mandato, estableció una política de censura y limitó el acceso a la información pública por parte de los medios de comunicación independientes. Esta represión se profundizó significativamente a partir de 2018, coincidiendo con un estallido social en el país. La situación de los periodistas independientes es extremadamente precaria. Muchos han tenido que ejercer su profesión en la clandestinidad por temor a represalias del Gobierno. Otros han abandonado la profesión y buscado alternativas de subsistencia, mientras que un número mínimo sigue trabajando en programas de bajo perfil o con poca audiencia en medios radiales y televisivos, los cuáles siempre son vigilados por las autoridades de Daniel Ortega. Las instituciones estatales, como la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Asamblea Nacional y el Poder Judicial, son utilizadas de manera sistemática para reprimir a los periodistas independientes. Según estimaciones, al menos 185 periodistas nicaragüenses se encuentran exiliados debido a órdenes del presidente.
La situación en Nicaragua también ha generado tensiones en las relaciones internacionales del país. En los últimos días, el gobierno de Ortega se ha visto involucrado en conflictos políticos con los presidentes de Colombia y Chile. El presidente colombiano, Gustavo Petro, expresó su solidaridad con Gioconda Belli y condenó la persecución llevada a cabo por Ortega. Esta declaración provocó una respuesta desafiante por parte de Ortega, quien acusó a Petro de traicionar la lucha guerrillera y de albergar bases yanquis en Colombia. Además, se dirigió al presidente chileno, Gabriel Boric, acusándolo de ser un «pinochetito» y criticando la persistencia de leyes dejadas por el régimen de Pinochet en Chile. Estos enfrentamientos verbales han generado tensiones diplomáticas y han aumentado el aislamiento de Nicaragua entre la comunidad internacional. Muchos ojos observan la situación en este país, pero nadie hace nada por mejorar la calidad de vida y las libertades de sus habitantes. Daniel Ortega sigue desafiando a todas las autoridades internacionales y no se vislumbra una solución en el corto plazo.