Sector energético, de nuevo en la boca de todos
El sector energético está como en el 2013, de nuevo en la boca de; políticos, periodistas, empresarios del ramo y hasta en nuestras casas, aunque poco entendamos de qué se trata. Y no es para menos, es mucho lo que en términos económicos nos jugamos todos, ya sea como consumidores particulares o como empresas involucradas, sin contar los intereses que tienen metidos ahí, personajes de la política en lo individual o como grupos de poder.
Y es que la iniciativa que el Presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la cámara de diputados, busca darle poder predominante a la Comisión Federal de Electricidad, además de otorgar el monopolio al Estado sobre la extracción del considerado oro del futuro, el litio.
Con estas reformas, la CFE pasaría a generar del actual 38 al 54% de energía eléctrica en el país. Para ello, es necesaria la modificación de la Constitución en su artículo 28. Las empresas privadas no podrían tener una participación mayor al 46%.
A su vez, sería solo un organismo y no varios como actualmente sucede, quien se hiciera cargo de; la generación, distribución y administración de esa energía eléctrica en todo México.
Esta reforma no será fácil de aprobar. Pasa por empresarios afectados que buscarán cabildear con la oposición en ambas cámaras para frenarla. Esos mismos empresarios también tienen los recursos legales para ampararse e incluso, correr a pedir ayuda al gobierno de los Estados Unidos para que intervenga y evite el fin de su negocio.
Pasa también por una aprobación del Congreso, que necesita sí o sí de algo más que el partido en el poder y sus aliados. Lo que es igual a la aprobación con dos terceras partes de los integrantes de dicho poder.
Los afectados ya se están movilizando. Si revisamos los medios convencionales de comunicación, tenemos ya, una ola de informativos, comentaristas, analistas y especialistas que destacan el desastre que supone aprobar la iniciativa de López Obrador.
Su postura es que México no tiene la capacidad tecnológica para absorber la responsabilidad de dotar al país de energía, eso generaría apagones continuos y falta de suministro prolongado, daño a las finanzas públicas, pérdida de competitividad, además de dejar a nuestro país fuera de la transición energética mundial que va enfilada a energías limpias.
Por su parte, el gobierno considera que es de seguridad nacional garantizar la energía hidroeléctrica porque el gobierno debe de velar por la economía del país. Según el discurso de la secretaria de Energía Rocío Nahle, esta reforma beneficia a todos y no pretende dejar fuera a nadie. La idea es, no depender de terceros y evitar crisis de energía como la que actualmente está suscitándose en España y el resto de Europa, considerada como la peor en los últimos 50 años y no solo incluye la energía eléctrica, también están el gas y el carbón. Ahí, la causa más visible de dicha crisis es la falta de operación de sus gobiernos que desde marzo pasado vieron venir el problema y lo dejaron crecer.
Con relación al litio, este elemento químico que es utilizado y necesario prácticamente en toda la tecnología actual, es considerado por el gobierno, de primordial importancia. Su explotación estaría únicamente a manos del Estado. Esto, por supuesto, no les gusta a varias empresas extranjeras que ya tenían afilados los dientes para morder la rebanada del metal.
La realidad es que entre dimes y diretes de que si la reforma va antes de que termine el año o se pospone porque el Presidente no cuenta con los números en el congreso para aprobar su iniciativa, sus protagonistas ya se están agazapando en sus trincheras para la batalla que viene.